Múltiples jueces federales han dictado medidas cautelares en todo el país para detener la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, Protecting the Meaning and Value of American Citizenship (Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense), que pretende restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La orden, firmada al inicio del segundo mandato de Trump, declara que los hijos nacidos en Estados Unidos de determinados no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la ciudadanía automática.
Recientemente, la jueza de distrito Deborah L. Boardman de Maryland dictó el miércoles una medida cautelar que bloquea indefinidamente la orden ejecutiva. Este fallo es más permanente que la orden de restricción temporal de 14 días emitida el 23 de enero por un juez federal de Seattle. Las medidas cautelares suelen permanecer en vigor hasta que se resuelve el caso o hasta que un tribunal superior las anula. Las sentencias reafirman antiguas interpretaciones de la 14ª Enmienda y ponen de relieve el papel del poder judicial en el control del poder ejecutivo.
«La orden ejecutiva entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda, contradice el precedente de 125 años del Tribunal Supremo y va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento», declaró el juez Boardman. «El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado rotundamente la interpretación del presidente de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda. De hecho, ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del presidente. Este tribunal no será el primero».
La orden ejecutiva de Trump, parte de su ofensiva más amplia contra la inmigración, tenía como objetivo despojar de la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados después del 19 de febrero. También pretendía negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de residentes temporales legales, como turistas, estudiantes o trabajadores temporales, si el padre no es ciudadano.
La Decimocuarta Enmienda establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen». La orden de Trump depende de una interpretación estrecha de «sujeto a la jurisdicción», limitándola a los niños con al menos un padre ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
Los precedentes legales han sostenido durante mucho tiempo que a casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense se les concede la ciudadanía, con raras excepciones, como los hijos de diplomáticos extranjeros, ocupantes enemigos o, históricamente, nativos americanos nacidos en reservas.
El gobierno federal no puede aplicar la orden de Trump mientras siga en vigor la medida cautelar. Se espera que la administración apele, preparando el escenario para una batalla legal de alto riesgo que podría llegar al Tribunal Supremo.
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