Proyecto de ley para facilitar la expulsión de inmigrantes acusados de delitos se convierte en ley
El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que obliga a los inmigrantes indocumentados detenidos por robo o delitos violentos a permanecer en prisión a la espera de juicio. Bautizada con el nombre de Laken Riley -una estudiante de enfermería de Georgia trágicamente asesinada el año pasado por un venezolano-, el Senado aprobó el proyecto de ley antes de su aprobación en la Cámara de Representantes. El miércoles, el presidente Donald Trump convirtió en ley una medida de detención de inmigrantes, asegurando la primera victoria legislativa de su segundo mandato mientras el Congreso liderado por los republicanos avanza en su agenda.
El proyecto de ley recién aprobado ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener a inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos que hayan sido arrestados por delitos como robo, hurto, latrocinio o hurto en tiendas. Además, el proyecto de ley otorga a los estados la autoridad para demandar al gobierno federal por decisiones o presuntos fallos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.
Según las disposiciones del proyecto de ley, el DHS debe detener a las personas que:
Se encuentren ilegalmente en Estados Unidos o carezcan de los documentos necesarios al solicitar su admisión; y
Hayan sido acusados, detenidos, condenados o hayan admitido haber cometido actos que constituyan elementos esenciales de robo, hurto, latrocinio o hurto en tiendas.
El proyecto de ley también autoriza a los gobiernos estatales a solicitar medidas cautelares contra el gobierno federal por determinadas decisiones o fallos relacionados con la inmigración, siempre que dichas acciones hayan causado un perjuicio al estado o a sus residentes, incluido un perjuicio económico superior a 100 dólares. Los Estados pueden demandar por :
La decisión de poner en libertad a un ciudadano no estadounidense;
El incumplimiento de requisitos relacionados con la inspección de personas que solicitan la admisión en Estados Unidos, como las entrevistas de asilo;
La no suspensión de la expedición de visados a nacionales de países que denieguen o retrasen injustificadamente la admisión de sus nacionales;
Incumplimiento de las limitaciones de la libertad condicional para inmigrantes, como el requisito de tomar decisiones caso por caso en materia de libertad condicional o
No detener a una persona cuya expulsión de Estados Unidos se haya ordenado.
La aplicación de la ley puede plantear dificultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), uno de los organismos responsables de las expulsiones. A principios de este mes, el ICE advirtió a los legisladores que la ejecución sería «imposible con los recursos existentes». La agencia estimó los costes de implementación del primer año en 26.000 millones de dólares, cubriendo personal, recursos de detención, transporte y otros gastos.
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