El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictado una suspensión que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) seguir adelante con la revocación de la libertad condicional humanitaria para personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), mientras continúa el litigio sobre el cambio de política. Esta decisión pone en riesgo de expulsión a aproximadamente 530 000 migrantes que entraron en los Estados Unidos en virtud de la iniciativa de libertad condicional CHNV.
El programa de libertad condicional humanitaria CHNV permite a las personas entrar y permanecer en los Estados Unidos hasta dos años por «razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo». Los participantes también tienen derecho a un permiso de trabajo durante este periodo.
El Gobierno federal solicitó una medida de emergencia al Tribunal Supremo después de que un tribunal inferior de Massachusetts bloqueara temporalmente la terminación del programa. La suspensión concedida por el Tribunal Supremo levanta efectivamente esa orden judicial, lo que permite al DHS aplicar el cambio de política mientras se tramita el caso.
La decisión es consecuencia de un esfuerzo más amplio por restringir la autoridad en materia de libertad condicional. El primer día del actual Gobierno, una orden ejecutiva ordenó al DHS que reevaluara y revocara los programas de libertad condicional. En marzo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció oficialmente la suspensión de la iniciativa CHNV.
El cambio de política ha sido impugnado por varios migrantes y organizaciones de defensa, que argumentan que la terminación del programa podría causar un grave perjuicio a las personas que se enfrentan a la inestabilidad o la persecución en sus países de origen.
Esta medida se produce poco después de que el Tribunal Supremo permitiera al DHS revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos venezolanos en el marco de otro programa de inmigración, lo que podría afectar a otras 350 000 personas.
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