La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido una decisión que permite al gobierno federal seguir adelante con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos ciudadanos venezolanos, mientras continúan los procedimientos legales. La sentencia levanta una orden judicial de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que no pusiera fin a la designación del TPS emitida en 2023.
El TPS es un programa humanitario establecido por el Congreso en 1990, que autoriza al gobierno de los Estados Unidos a proporcionar protección temporal contra la expulsión y autorización de trabajo a los ciudadanos de países que sufren conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales. El programa permite a los beneficiarios elegibles solicitar documentos de autorización de empleo renovables y protección contra la deportación.
Venezuela fue designada para el TPS en base a tales condiciones, y la última prórroga se concedió en octubre de 2023. En febrero de 2025, el DHS anunció su decisión de poner fin a esta designación, lo que habría supuesto el fin de las protecciones del TPS y de la autorización de trabajo para las personas afectadas a partir del 7 de abril. Sin embargo, en marzo, un tribunal federal de distrito dictó una orden judicial que bloqueaba la aplicación de la rescisión, alegando preocupaciones sobre la base y la motivación de la decisión de la agencia.
Aunque el TPS para los venezolanos incluye múltiples designaciones y abarca a un número significativo de personas —estimado en cientos de miles—, el litigio actual se refiere únicamente a la prórroga de 2023. Las designaciones anteriores, incluida la designación del TPS para Venezuela de 2021, así como los programas del TPS para otras nacionalidades, no se ven directamente afectados por este caso. En la actualidad, el TPS sigue siendo válido para las personas incluidas en la designación de Venezuela de 2021 hasta el 10 de septiembre de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe determinar si prorroga o rescinde esa designación a más tardar el 12 de julio de 2025.
Si bien la decisión del Tribunal Supremo no resuelve los retos legales subyacentes, permite al Gobierno proceder a la terminación de la designación del TPS de 2023 para los ciudadanos venezolanos mientras el caso sigue su curso en los tribunales inferiores. Las personas que actualmente están protegidas por esta designación deben buscar asesoramiento legal para comprender sus opciones, incluida la posible elegibilidad para otras formas de ayuda en materia de inmigración. La situación sigue siendo incierta y se esperan nuevos acontecimientos a medida que continúe el litigio.
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