El 14 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó su regla final sobre el motivo de inadmisibilidad por “carga pública”. La nueva regulación, programada para entrar en vigencia el 15 de octubre de 2019, amplía significativamente la capacidad del gobierno para determinar si un ciudadano extranjero puede considerarse una carga pública. La nueva regla y procedimiento afectarán las solicitudes de Ajuste de Estatus presentadas a partir del 15 de octubre de 2019 y reemplazarán las reglas actuales establecidas por la Guía de Campo Interina de 1999 sobre Deportación e Inadmisibilidad por motivos de carga pública.
Inadmisibilidad por Motivo de Carga Pública
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de E.U. (INA, por sus siglas en inglés), se le puede negar la entrada a un individuo a los Estados Unidos, o el ajuste al estado de residente legal permanente (LPR, por sus siglas en inglés), si es “probable que en algún momento se convierta en una carga pública”. Una persona admitida también puede estar sujeta a ser expulsada de los Estados Unidos, basado en un motivo separado de carga pública para deportación, pero este motivo rara vez se emplea. Ciertas categorías de inmigrantes, como los refugiados y asilados, y las víctimas de ciertos delitos y abusos, están actualmente exentos de la aplicación de los motivos de carga pública.
Aunque el INA no define explícitamente el término “carga pública”, desde 1999, la guía de la agencia lo ha definido como una persona que es, o es probable que se vuelva, “principalmente dependiente” de “asistencia pública en efectivo para mantener sus ingresos” o “institucionalizado(a) para recibir cuidado a largo plazo a expensas del gobierno “.
Nueva regla amplía la definición de “carga pública”
Según la nueva regulación, el término “probablemente en cualquier momento se convierta en una carga pública” se ha redefinido significativamente de varias maneras.
La regla final ahora define como una “carga pública” a cualquier ciudadano extranjero que tiene más probabilidades de recibir uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en conjunto dentro de cualquier período de 36 meses, donde el recibir dos beneficios en el mismo mes cuenta como dos meses.
El DHS también ha ampliado la lista de programas gubernamentales para incluir, además del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y ayuda general o asistencia general del estado:
- Medicaid que no sea de emergencia
- Programa de asistencia y nutrición suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos)
- Programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8
- Programa de asistencia de alquiler de la Sección 8
- Vivienda pública
La regla final solo cubre los beneficios públicos recibidos por el individuo y no incluye los beneficios recibidos por los hijos ciudadanos estadounidenses del solicitante u otros miembros del hogar ciudadanos o residentes legales. Aquellos alistados en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. o las Reservas Listas, o sus familias, al momento de recibir los beneficios, están exentos de la regla.
La nueva regla requiere que los oficiales de inmigración consideren cinco factores reguladores al determinar la probabilidad de que la persona se convierta en una carga pública, que incluyen: (1) la edad del solicitante, (2) salud, (3) estado familiar, (4) activos / recursos / financieros estado y (5) educación / habilidades de empleo. Ningún factor es determinante del resultado y la determinación se realiza basado en la totalidad de las circunstancias relevantes para el caso del ciudadano extranjero.
La regla también contiene una lista de factores negativos y positivos muy ponderados. Algunos de los factores negativos muy ponderados incluyen:
- El solicitante está autorizado para trabajar, pero actualmente está desempleado y no es un estudiante a tiempo completo.
- El solicitante está recibiendo, o ha sido certificado o aprobado para recibir uno o más beneficios públicos, uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en conjunto dentro de cualquier período de 36 meses, en el período de 3 años inmediatamente anterior a la solicitud del individuo para admisión o ajuste de estatus.
- El solicitante ha sido diagnosticado con una afección médica que probablemente requiera un tratamiento médico extenso, y no tiene perspectivas de obtener un seguro médico privado o recursos financieros para pagar los costos razonablemente previsibles.
- El solicitante fue previamente declarado inadmisible o deportable por motivos de carga pública.
Algunos de los factores positivos muy ponderados incluyen:
- El hogar del solicitante tiene una combinación de ingresos / activos de al menos el 250 por ciento de las Guías Federales de Pobreza. para el tamaño del hogar del solicitante.
- El solicitante está autorizado para trabajar y actualmente está empleado con un ingreso anual de al menos 250 por ciento de las Pautas federales de pobreza para el tamaño del hogar del solicitante.
La nueva regla requiere que los solicitantes de ajuste de estatus que están sujetos a la carga pública de inadmisibilidad presenten una Declaración de Autosuficiencia (Formulario I-944) junto con el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo para demostrar que no es probable que se conviertan en una carga pública. El Formulario I-944 solo se aplica a los solicitantes de ajuste y no a los solicitantes de admisión en un puerto de entrada.
DHS modificó sus regulaciones existentes para permitir la asignación de una fianza de carga pública en casos donde los solicitantes de admisión o ajuste de estatus hayan sido determinados con la probabilidad de ser una carga pública en el futuro. DHS puede, a su discreción, ofrecer una fianza de carga pública valorado por lo menos $8,100. La fianza permanecerá en vigencia hasta que se cancele debido a que el inmigrante se ha convertido en ciudadano de los Estados Unidos, ha fallecido, ha sido un permanente legal durante cinco años o se ha ido definitivamente de los Estados Unidos.
Categorías de Individuos No Afectados por la Nueva Regla de Carga Pública.
La regla final no se aplica a los refugiados, asilados o receptores de otras visas humanitarias, tales como visas U para víctimas de delitos, visas T para víctimas de trata de las personas, peticiones VAWA para víctimas de violencia doméstica, o peticiones de Jóvenes Inmigrante Especial para víctimas infantiles de abuso, abandono o negligencia. Además, la regla no cubre a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. y sus familias; ciertos adoptados internacionales; y recibo de Medicaid en ciertos contextos, incluidos los extranjeros menores de 21 años, las mujeres embarazadas (y las mujeres hasta 60 días después de dar a luz) y para ciertos servicios financiados por Medicaid en virtud de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) en un ambiente escolar.
Los no inmigrantes que buscan cambiar o extender su estatus tampoco están sujetos a la nueva regla. Sin embargo, tendrán que demostrar que no recibieron uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en total dentro de un período de 36 meses desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que buscan cambiar o extender. DHS solo considerará los beneficios recibidos a partir del 15 de octubre de 2019.
Finalmente, la regla del DHS no cambia la carga pública de la deportabilidad. Por lo tanto, los residentes permanentes legales actuales generalmente no se verán afectados si reciben beneficios públicos identificados bajo la nueva regulación.
Conclusión
Si le preocupa cómo la nueva regla de “Carga Pública” puede afectar su estado migratorio o el de un amigo o familiar, no dude en llamar Charlotte Immigration Law Firm para programar una consulta con uno de nuestros abogados de inmigración.
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